El pasado 26 de febrero de 2026, se cerró de forma definitiva la querella de una industria cárnica del municipio granadino de Cájar contra cuatro veterinarios inspectores del Distrito Sanitario Granada Metropolitano. La sentencia ha evidenciado lo prioritaria que es la Salud Pública para la garantía de seguridad en los alimentos destinados al consumo.

La Sección de lo Penal de la Audiencia Provincial de Granada ha confirmado el dictamen que emitió el Juzgado de Instrucción Nº2 en noviembre de 2025, que aseguraba que no se había hallado ningún indicio de delito en las actuaciones de los veterinarios. Ante esto, la acusación particular presentó un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Granada. El recurso se ha resuelto con el archivo definitivo del caso, dando la razón a los inspectores.
Veterinario oficial realizando funciones de inspección

Con esta decisión, se confirma que las medidas adoptadas por los funcionarios (inmovilizaciones, controles y actuaciones inspectoras) respondían a la obligación legal de proteger la Salud Pública y garantizar la Seguridad Alimentaria. Se concluye, por consiguiente, que no existían intereses ocultos ni arbitrariedad por parte de los funcionarios, quienes actuaron conforme a la normativa sanitaria y en el marco de sus competencias.

Se evidencia también que el propietario de la empresa comercializó productos en malas condiciones, y que comprometió con ello la seguridad de los alimentos. Esta entidad ya había tenido ceses de actividad anteriormente, propuestos por diferentes inspectores. El seguimiento sanitario, por consiguiente, se debió a los antecedentes sanitarios y a la presencia de listeria en sus productos.

El fallo judicial, por tanto, es una muestra más de lo prioritaria que es la protección de la Salud Pública, quedando patente que la actuación de los veterinarios evitó riesgos para los consumidores. Igualmente, se refuerza la idea de que el sistema de inspección sanitaria es sólido, y que está favorecido por unos profesionales que cuentan con independencia, formación y protección jurídica. Otro punto que destacar es que una denuncia infundada no puede suponer el desvío o la paralización de la labor esencial de vigilancia sanitaria, poniendo en peligro a los consumidores.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Granada, Francisco Cerezuela, ha querido resaltar: "Este procedimiento ha puesto de manifiesto, una vez más, el valor del sistema de colegiación obligatoria, que asegura que los profesionales veterinarios ejercen bajo estándares éticos, técnicos y deontológicos rigurosos". Cerezuela ha explicado que la colegiación no sólo protege a la ciudadanía, "sino que también garantiza que los veterinarios cuenten con los recursos necesarios para afrontar situaciones complejas derivadas de su labor inspectora".

De hecho, el abogado que prestó asistencia jurídica a los veterinarios querellados fue designado por la compañía de seguros que gestiona el seguro de responsabilidad civil, contratado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, al tratarse de un servicio incluido en la correspondiente póliza.

El Consejo Andaluz de Veterinarios, por su parte, ha celebrado que la resolución reconociera la profesionalidad de los veterinarios. En un ámbito tan sensible como la Seguridad Alimentaria, la intervención veterinaria se vuelve clave para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los alimentos destinados al consumo.