El Colegio de Veterinarios de Cádiz ha dado a conocer la sentencia dictada contra una particular que, en opinión de la organización colegial, “perjudicaba los intereses de la Institución, la profesión Veterinaria y los colegiados/as a quienes representa la entidad”. La mujer ha sido condenada como autora de “un delito leve de falsedad documental” por la jueza que instruía el caso.

Según recoge la sentencia emitida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Jerez, queda probado que la condenada (dedicada a la cría y venta de perros por Internet desde al menos 2013) entregó a un comprador un certificado de vacunación, “elaborando para ello un documento fotocopiado similar y confundible con el oficial, incorporando el sello del ICOV” y la firma de un veterinario colegiado,“dando así apariencia de autenticidad”.

Durante el juicio, la demandada reconoció haber fotocopiado una cartilla oficial que tenía en su poder y ocultado el número de serie. Entre otras cosas, argumentó en su defensa que ignoraba que se tratase de un documento oficial, que utilizaba ese formato porque resultaba “más presentable”, reconoció administrar por sí misma la primera de las vacunas a los cachorros y aseguró que informaba de todo ello a los clientes.

La investigación realizada contrasta con esta argumentación, tal y como recoge la sentencia. Manifiesta que las cartillas (la original y la falsificada) presentan similitudes “inapreciables para el cliente profano en tales lides” y que el comprador niega haber recibido advertencia alguna. De hecho, aseguró que hasta que acudió a un veterinario no fue alertado “de la falta de autenticidad del certificado y de la ausencia de firma de profesional junto a la primera vacuna”.

Analizados los anuncios en la red que hacía la acusada, el dictamen considera que “parece claro que la venta en dichas condiciones resultaba más ventajosa, de ahí que pretendiera incorporar a la identificación de los cachorros una apariencia de legalidad y control sanitario de la que carecían, pero que incrementaba su valor”. Finalmente, la demandada ha sido condenada “como autora responsable de un delito leve de falsedad documental” al que tendrá que responder con el pago de una multa y a hacerse cargo de las costas derivadas del juicio. Ante la sentencia cabe recurso de apelación.

Junto al Colegio de Veterinarios, en el caso se personó el Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción pública y el particular perjudicado en la parte demandante. De la otra parte, la demandada. El atestado fue elaborado por el grupo Pacprona de la Guardia Civil. La Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Cádiz ha expresado su satisfacción por cuanto considera que su personación en el caso ha servido para defender los intereses del colectivo veterinario. Asimismo, considera la sentencia “ejemplarizante” y confía en que sirva para disuadir de la consecución de delitos similares.