Entrados ya en este 2022, creemos que sigue sin llevarse a cabo una planificación completa y de futuro sobre la protección de la salud. Los políticos insisten en una visión a corto plazo, que se centra en las actuaciones asistenciales. En consecuencia, no se valoran suficientemente las actividades de prevención en salud pública, sanidad ambiental y bienestar animal que aportamos los veterinarios. Somos eslabones básicos e imprescindibles para el desarrollo del enfoque "One Health" (Una Sola Salud). Sin embargo, se nos trata como una profesión sanitaria de segunda. Pero no decaeremos. Seguiremos insistiendo en la creación de una ´´Agencia One Health", con un enfoque más amplio, en la que la profesión veterinaria sea protagonista esencial.

Un año más estamos por la defensa de los derechos de los empleados público veterinario. La de Ley de Función Pública de ámbito estatal no puede demorarse por más tiempo, pues es la pieza clave para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, a efectos de modernizar la Administración General del Estado. La equiparación de los sueldos en las distintas Administraciones, incluyendo los ni eles, así como una asignación justa y transparente de la productividad, son viejas deudas con los veterinarios funcionarios que seguimos reivindicados. También creemos urgente el desarrollo efectivo de la carrera profesional horizontal y el fomento de la movilidad, aplicándose el principio de reciprocidad entre las distintas administraciones; además, los concursos de traslados tienen que ser más frecuente y sin restricciones, en los que se oferten todas las plazas libres y presupuestadas.

Y, por supuesto, en los que puedan participar todos los Cuerpos y Escalas del Estado. Además, las comisiones de servicio tienen que ser excepcionales y hay que procurar, cuanto antes, una reducción de la temporalidad. La promesa de muchos gobiernos, en el sentido de unificar los cuerpos funcionariales, también los de los veterinarios, ha quedado en el olvido, lo cual es un error. En el caso de la veterinaria, han de unificarse todos en un Cuerpo de Veterinarios del Estado, que incluya a todos los veterinarios que trabajen para la Administración General del Estado.

El teletrabajo ha de ser ejercido por cualquier empleado público, sin discriminaciones, siempre que su realización sea posible, debiendo denegarse por motivos justificados, nunca de forma arbitraria. En lo que afecta a nuestra profesión, hay veterinarios destinados en departamentos del Ministerio de Sanidad que ejercen funciones de mero control documental. Dicho control, en nuestro parecer, no exige la presencia física en el puesto de trabajo. Sin embargo, en la Introducción emitida por el Ministerio de sanidad de fecha 20 de mayo de 2020, sobre el plan de desescalada de las medidas adoptadas por el COVID, se indica que los controles documentales tendrían que hacerse de forma presencial. Entendemos que ello no es razonable, máxime ante la sucesión de oleadas y cepas del virus que desaconsejan la exposición en los centros de trabajo. Insistimos en que el teletrabajo debe aplicarse con criterios razonables y objetivos, para evitar situaciones discriminatorias y, en muchos casos, absurdas.