Los veterinarios de pequeños animales de Jerez han manifestado sus dudas sobre la viabilidad del proyecto de su Ayuntamiento para la identificación y registro de los perros mediante ADN, con el objeto de sancionar a los dueños que no recojan las deposiciones de sus mascotas de la calle. Así se lo trasladaron al presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Vilaplana, el colectivo de 35 veterinarios de Jerez con quienes se reunió hace unos días.

Según éstos, hay dudas científicas, jurídico-técnicas y profesionales sobre su implantación que deberían solventarse antes de poner en marcha la medida, para lo que han ofrecido la colaboración de los veterinarios para aportar sus conocimientos y experiencia en la materia. Los veterinarios jerezanos consideran que antes ser aprobado, el proyecto debería contar con los estudios técnicos y jurídicos previos para que proposiciones como la aprobada el pasado 29 de enero por el Pleno no quede en un simple gesto a la galería sin fundamento legal suficiente.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, Federico Vilaplana, se reunió hace dos semanas con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz Hernández, a quien trasladó la inquietud y dudas de los veterinarios, así como la posición del Colegio de Cádiz y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (CACV) sobre la medida.

En este sentido, desde los colegios veterinarios andaluces se subraya que, a pesar de estar a favor de las bondades y el valor añadido del ADN para la investigación genética de enfermedades, diagnósticos, filiaciones, etc., existen dudas sobre su implantación. Es por ello que el CACV ha encargado informes biológicos y jurídico-técnicos al respecto para dilucidar la viabilidad de la medida, en lo que pueda afectar a los veterinarios colegiados. Además, entienden que vincular la sanción con la identificación mediante ADN no contribuye al bienestar animal y se olvida el fin médico, sanitario y genético de dicha medida. En algunos casos podría generar la vulneración de la libre competencia si se limita el número de veterinarios autorizados a extraer y custodiar las muestras de ADN.

Desde el punto de vista jurídico, en relación a la tipificación como infracción del hecho consistente en el depósito de excrementos de perros y/o animales domésticos en la vía pública, y a la determinación de la sanción aplicable a los mismos los Servicios Jurídicos del CACV consideran que la instrucción del correspondiente procedimiento, ha de estar encaminada, como en cualquier otro procedimiento sancionador, a la constatación de los hechos, estableciendo la certeza tanto de su producción como del momento de realización de los mismos, identificación del responsable y determinación de su responsabilidad.

Por otro lado, para que los hechos denunciados gocen de la necesaria presunción de veracidad, habrán de estar ejecutados o al menos tutelados por personal revestido de autoridad. Este caso requiere de la participación de personal funcionario o estatutario que ostente la condición de autoridad en todo el proceso: determinación de la fecha de comisión del hecho sancionable, identificación del responsable, recogida de muestras, tutela de las mismas, control del análisis y del resultado del mismo.

Por último, la fijación de los honorarios establecidos para los veterinarios que intervienen en la identificación requiere de análisis legal ya que tal imposición podría ser considerada con una práctica restrictiva de la libre competencia, que rige en la actualidad la normativa reguladora de las actividades profesionales.