
Estado: Esperando
El presidente de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA), Jordi Giné Puiggròs, y el de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Ávila (ASAJA), Joaquín Antonio Pino, han pedido reformar el Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso ...
El presidente de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA), Jordi Giné Puiggròs, y el de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Ávila (ASAJA), Joaquín Antonio Pino, han pedido reformar el Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, la conocida como la Ley del medicamento veterinario.
En concreto, han reclamado una regulación "proporcionada", "inteligente", que esté "mejor adaptada" a la realidad clínica" y una reforma "en profundidad" de la norma "para que el control no anule el criterio clínico ni convierta al veterinario en un burócrata indefenso".
Así se han expresado durante la subcomisión del Congreso de los Diputados relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentario (MAPA) ya sacó a audiencia pública en enero la reforma que modificará este Real Decreto.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Matilde Concepción Sánchez Reyes, ha solicitado durante la subcomisión que la norma diferencie la actividad de la distribución farmacéutica de gama completa respecto a otro tipo de distribuidores de medicamentos.
En concreto, el presidente de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA), Jordi Giné Puiggròs, ha pedido avanzar hacia marcos regulatorios proporcionados, que sean "técnicamente viables y mejor adaptados" a la realidad clínica, "no como el Real Decreto 666/2023". A su vez, ha solicitado que se reduzca la carga burocrática de los veterinarios y que se revise el tratamiento fiscal de sus servicios.
Por otro lado, ha demandando un refuerzo de la participación de las sociedades científicas en el diseño de las normativas que afecten al ejercicio profesional. De manera paralela, ha insistido en avanzar en el reconocimiento efectivo de la especialización veterinaria, abordar la precariedad laboral del sector e integrar al veterinario dentro del ámbito sanitario.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Ávila (ASAJA), Joaquín Antonio Pino, ha criticado la Ley del medicamento veterinario y ha pedido una "regulación inteligente" para que "el control no anule el criterio clínico ni convierta".
Más allá de ello, ha incidido en la necesidad de avanzar hacia la unificación funcional de los servicios veterinarios oficiales con la misma dependencia funcional veterinaria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). "Tiene que haber un mando claro", ha resaltado.
Entre sus peticiones también ha incluido una Estrategia Nacional de Salud Pública Veterinaria y Sanidad Animal "con financiación suficiente y objetivos medibles". Asimismo, ha solicitado que se refuercen los programas oficiales de prevención de enfermedades animales y que se creen equipos veterinarios permanentes y especializados de apoyo en alertas.
En este mismo sentido, ha instado a incorporar a estos profesionales con peso real a la Agencia Estatal de Salud Pública en la vigilancia epidemiológica, en las alertas y en los planes de preparación y respuesta. Además, ha pedido reforzar los puestos de control fronterizo y la red de consejerías de agricultura en el exterior como instrumentos estratégicos de sanidad, comercio exterior y diplomacia agroalimentaria.
Por otro lado, ha reclamado que se creen plazas veterinarias estructurales en medio ambiente y sanidad ambiental, especialmente en gestión sanitaria de fauna silvestre. A su vez, ha solicitado avanzar en el reconocimiento social y mejorar las condiciones laborales y salariales del veterinario y reconocer plenamente a la veterinaria como profesión sanitaria estratégica, con carrera profesional, formación especializada, visibilidad institucional y fiscalidad "coherente" con su función sanitaria.