En la provincia de Toledo trabajan más de 130 veterinarios en el ámbito de la seguridad alimentaria, de los cuales dos tercios desarrollan su labor en la industria alimentaria y el resto la ejercen como veterinarios oficiales de salud pública, según datos del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo.

Estos profesionales, según explica el Colegio, participan en el control oficial del etiquetado gracias a su formación en higiene y seguridad alimentaria, salud pública, producción y transformación de alimentos de origen animal y legislación alimentaria, por lo que contribuyen a consolidar al sector agroalimentario, uno de los más importantes de la provincia.

Dentro de la industria alimentaria están los veterinarios que participan en el control inicial de los sistemas de autocontrol y los que como veterinarios oficiales de salud pública desarrollan una parte importante en la supervisión del cumplimiento de la normativa, especialmente en los productos de origen animal. Su labor conjunta contribuye a prevenir riesgos sanitarios, detectar posibles fraudes y garantizar la trazabilidad de los alimentos a lo largo de la cadena.

Entre las funciones que desempeñan estos profesionales se encuentran la verificación del cumplimiento de la normativa alimentaria, incluido el etiquetado; la protección del consumidor frente a riesgos sanitarios; el control de alérgenos, la prevención del fraude alimentario y la gestión de la trazabilidad y de las alertas alimentarias. Una labor que resulta imprescindible para evitar la transmisión de enfermedades y la exposición a bacterias, sustancias químicas o ingredientes no declarados.

Los veterinarios desarrollan estas tareas en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde industrias y mataderos hasta centros de transformación, envasado, distribución y comercialización. Su intervención, lejos de limitarse al producto final, refuerza la seguridad alimentaria `de la granja a la mesa' y garantiza al consumidor productos de calidad.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo se insiste en que la intervención veterinaria en el control del etiquetado refuerza la confianza del consumidor, garantiza el cumplimiento normativo y reduce riesgos legales y sanitarios. Se trata de una función técnica, objetiva y basada en la evidencia científica, imprescindible para la protección de la salud pública.