La junta interterritorial de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), reunida ayer en formato en línea, acordó que los consejos autonómicos y colegios de comunidades uniprovinciales soliciten a sus respectivas consejerías de Salud y Sanidad la especialidad en Salud Pública Veterinaria. En este mismo encuentro, los asistentes mostraron su total oposición a la implantación de la figura del "cazador formado", pues solo la profesión veterinaria puede garantizar el control sanitario de la carne de especies cinegéticas.

La Organización reitera que, teniendo en cuenta que la profesión veterinaria representa el colectivo profesional más numeroso en las diversas áreas de la Administración pública dedicadas a la inspección y control de la Salud Pública y Medioambiental, los veterinarios deben tener acceso a las especialidades del Sistema Nacional de Salud, y así se trasladará a los diferentes Gobiernos autonómicos a través de sus respectivos consejos autonómicos de colegios veterinarios.

Además, los presidentes abordaron la marcha del proceso de especialización impulsado por la OCV, que durante el primer trimestre ha sido el eje central de sesiones informativas realizadas en más de una decena de colegios provinciales por toda España, y que continuarán en estas próximas semanas. En concreto, se habló de las certificaciones en équidos, que comenzará a impartirse a finales del presente año, de la de animales de compañía y de la proyectada en porcino.

La junta interterritorial también ha manifestado su rechazo a la figura del "cazador formado", una oposición unánime ya expresada al Ministerio de Agricultura al considerar que supone un claro riesgo para la salud pública dejar el control sanitario de la carne de especies cinegéticas destinada a consumo humano en manos de personas sin la preparación adecuada, así como de material específico de riesgo (MER) originado tras las capturas.

Los veterinarios defienden que la capacitación en sanidad e higiene en materia de caza es solo compatible con una formación universitaria en sanidad animal, que capacita a nivel oficial para desarrollar esta actividad y controlar, entre otras, enfermedades tan graves como la tuberculosis, la triquinelosis o la peste porcina africana, presente desde el pasado mes de noviembre en jabalíes de varios puntos de la provincia de Barcelona.

Ineficacia en el control sanitario

Según explica la OCV, este perfil recibe unos cursos de formación de apenas 24 horas para asegurar la sanidad e higiene de las piezas de caza abatidas y la sanidad del medio ambiente, y su puesta en marcha en algunas comunidades autónomas –Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña y Extremadura- ha demostrado su ineficacia en el control sanitario.

De hecho, la normativa no le obliga realizar, en caso de su detección, partes de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), lo que además puede fomentar posibles fraudes en la declaración del número de piezas abatidas, y también la práctica cinegética furtiva por existir mayor facilidad de tráfico de canales sin inspecciona.

La junta interterritorial recordó que una relajación en la vigilancia de la trazabilidad de las carnes supone un peligro para la salud pública, en un medio natural cada vez más frágil y propenso a la propagación de enfermedades emergentes debido, entre otras causas, al cambio climático y donde toda cautela es poca para evitar la transmisión de éstas.