La Ley de la Función Pública de Castilla y León define a la carrera profesional horizontal como la progresión de categoría sin necesidad de cambiar de puesto, tendrá carácter voluntario y será requisito necesario para alcanzar cualquier categoría profesional la evaluación positiva del desempeño. Deberá valorarse la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados y los conocimientos adquiridos. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. La carrera profesional horizontal, con carácter general, se organiza en cuatro categorías y el ascenso de categoría requerirá haber alcanzado la categoría inmediatamente inferior. A cada categoría irá vinculada la cuantía del complemento retributivo de carrera profesional horizontal correspondiente.

A partir de esta definición, la carrera profesional horizontal en Castilla y León se desarrolló para todos los empleados públicos a través de la Ley 7/2019, de la Resolución de 25 de agosto de 2021 y del Decreto 49/2022, primero de forma extraordinaria en su primera categoría y después y simultáneamente en su forma ordinaria.   

Sin embargo, su puesta en funcionamiento no ha sido fácil, pues ha tenido puntos controvertidos, especialmente referidos al tiempo de servicios de los empleados públicos que han desarrollado su vida laboral en varias Administraciones, aunque el cuerpo funcionarial haya sido el mismo. Este es el caso de varios veterinarios que vieron inicialmente denegado su reconocimiento y acceso a las diferentes categorías por tener parte de su tiempo de servicios en otra Comunidad Autónoma. Ello motivo los correspondientes recursos administrativos y finalmente, ha sido la vía judicial la que ha dirimido y puesto fin a esta controversia.

En concreto, ya son cuatro los veterinarios que han conseguido una sentencia firme que avala su acceso a la categoría de la carrera profesional correspondiente al serles valorados los servicios prestados en otras Administraciones Públicas y no solo el periodo trabajado en la Junta de Castilla y León.

En un largo proceso judicial que se ha iniciado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid por el procedimiento abreviado, en el que fue desestimada la demanda, ha sido necesario acudir al recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que el reconocimiento de la categoría saliera adelante. El reconocimiento ganado ante el alto tribunal de Castilla y León fue recurrido en casación por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. Por providencia del Tribunal Supremo se acordó la inadmisión a trámite del recurso de casación preparado por la representación procesal de la Junta de Castilla y León y finalmente una Diligencia de Ordenación del Tribunal Supremo ha determinado la firmeza de la sentencia y reconocido a los veterinarios demandantes el derecho a computar la totalidad de sus servicios, con independencia de la Administración Pública para la que fueron realizados, en el seno del procedimiento de reconocimiento de la Categoría II de Carrera Profesional con todos los efectos económicos (categoría II: 5.075,56 €/año con carácter retroactivo)y administrativos que les corresponden.

El Supremo, conforme al artículo 90.8 LJCA impone las costas procesales a la parte recurrente (Junta de Castilla y León), en favor de la parte recurrida y personada en el recurso de casación.

Desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) felicitamos a estos compañeros a los que les ha sido reconocido este derecho a su progresión profesional y seguimos luchando para que el resto de compañeros que se encuentran en la misma situación no sean discriminados y vean mermada su progresión, trayectoria y actuación profesional en la Junta de Castilla y León.