El Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León considera fundamental la revisión de los acuerdos suscritos entre la Unión Europea y Mercosur por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el fin de determinar su compatibilidad con los tratados comunitarios, ya que existen dudas fundadas al respecto y su aplicación causaría serios perjuicios al sector primario, en especial a la ganadería.

La profesión no se opone a las ventajas del libre comercio, pero tiene claro que un acuerdo debe anteponer tanto la salud pública como el bienestar animal a otros aspectos netamente económicos. Por ello, la UE no puede obviar los avances de décadas de trabajo en sanidad animal y seguridad alimentaria, gracias al esfuerzo de ganaderos y veterinarios para mejorar la trazabilidad dentro del esquema "De la granja a la mesa".

El acuerdo ha de partir de unas condiciones de producción equilibradas entre la Unión Europea y los cuatro países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), porque en el ámbito de la producción ganadera hay diferencias sustanciales en aspectos de sanidad animal –administración de medicamentos, hormonas...- y también de bienestar animal –espacios de alojamiento, manejo, alimentación...- sin la reciprocidad exigible.

Por ello, el Consejo se muestra favorable a establecer salvaguardas que garanticen la seguridad alimentaria de los productos importados de los citados países, sobre todo carne que puede llegar en cantidades muy elevadas, y que se refuercen con todos los medios humanos y técnicos que sean preciso los controles en frontera, lo que requiere una mayor presencia veterinaria en estos puntos.

Soberanía alimentaria y futuro del medio rural

Los veterinarios de Castilla y León insisten además en las situaciones de riesgo de suministro que pueden registrarse en el sector primario, como se ha visto en los últimos años a consecuencia de la Guerra de Ucrania, por una excesiva dependencia de importaciones del exterior que amenazan la soberanía alimentaria, la producción animal intensiva y extensiva –con mayor afección a las razas autóctonas que no pueden competir en términos de rendimiento- y el propio futuro del medio rural.

Rufino Álamo, presidente del Consejo, subraya la apuesta por la calidad realizada por el sector y la industria agroalimentaria de Castilla y León, región donde la actividad pecuaria posee una gran importancia económica, "al ser líderes en la cabaña bovina y situarse también entre los principales productores de ovino, porcino, aves e incluso apicultura".

Finalmente, se dirige a los consumidores para que sean conscientes de las repercusiones del acuerdo si se pone en marcha como estaba previsto, en su condición de destinatarios finales de los productos importados, "algunos de los cuales son obtenidos en condiciones que han sido prohibidas en la UE por suponer un fraude para el consumidor, entrañar riesgo para la salud pública o por afectar al bienestar animal o al medio ambiente".