La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha advertido de que la aprobación del proyecto de ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública genera "confusión e incertidumbre". Para su presidente, Sebastià Rotger, "es un intento más de proteger al sector farmacia y de desviar de manera artificial el mercado del ...
La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha advertido de que la aprobación del proyecto de ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública genera "confusión e incertidumbre".
Para su presidente, Sebastià Rotger, "es un intento más de proteger al sector farmacia y de desviar de manera artificial el mercado del medicamento veterinario cuestionando la presunción de inocencia de todo el colectivo veterinario, el único profesional formado en salud animal".
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley General de Salud Pública 33/2011, remitiendo el texto al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria. El texto se aprobó con 19 votos a favor y 18 en contra, según ha informado la CEVE.
"Aunque valoramos positivamente el acuerdo sobre la creación de una Subcomisión de Sanidad que debata sobre la situación del sector veterinario en general, y de los medicamentos veterinarios en particular, el resto del acuerdo genera más incertidumbre y confusión sobre si tendrán en cuenta las reclamaciones históricas de nuestro sector", añade Rotger.
La patronal veterinaria subraya que la disposición transaccional aprobada a través de la Ley de la Agencia Nacional de Salud Pública no da una respuesta a un problema creado por una legislación "históricamente desconectada de la realidad social", a las demandas del consumidor y la protección de la salud animal y la salud pública, "situación que se ha agudizado desde la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023".
El texto aprobado insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a abrir un diálogo con el sector veterinario en un máximo de seis meses, pero, según apuntan los veterinarios, "sólo obliga a una 'revisión y eventual' modificación del RD 666/2023 para que haya disponibilidad de medicamento veterinario en las farmacias y los centros dispensadores autorizados".
CEVE insiste en que, para iniciar un eventual diálogo con el Ministerio, antes tiene que producirse "un gesto de clara voluntad política" por parte del ministro de Agricultura, Luis Planas, para dar soluciones y derogar un RD 666/2023 que "se redactó sin tener en cuenta ni una sola de las aportaciones del sector".
En su opinión, el "gran problema" es el suministro de medicamentos a través de los centros veterinarios, que a finales de 2024 estaba en un 75% del mercado veterinario de animales de compañía: "Hasta ahora nunca hubo problema para la accesibilidad del usuario a este medicamento en cuanto lo necesitaba".
Por tanto, advierten de que el texto aprobado en la Comisión de Sanidad del Congreso "no responde a lo que la sociedad española necesita". "Es un intento más de proteger al sector farmacia contrario al reglamento europeo, al mercado único y cuestionando la presunción de inocencia de todo el colectivo veterinario", aseveran.
También critican que la ley insiste "en perpetuar el sistema PRESVET en contra de las peticiones del sector veterinario de eliminarlo por duplicidad y sobrecarga administrativa que ha conducido a un síndrome de estrés severo generalizado en el sector".
El Gobierno insiste en mantener para "facilitar la transmisión electrónica de las prescripciones de antibióticos, y en particular, a los porcentajes de envases utilizados y los plazos de envío" y CEVE reclama su completa eliminación.
Los veterinarios piden "accesibilidad ágil al medicamento en cuanto se necesita, que sea atendido por el profesional que más entiende del medicamento veterinario y de la patología animal, que el desembolso sea el mínimo ajustando la dispensación a la cantidad necesaria para cumplir el tratamiento a través de envases clínicos con menos impacto medioambiental".
"El Gobierno de España considera que los veterinarios son delincuentes por sistema, incapaces de aplicar los principios éticos en su trabajo ya que está poniendo a garantizar la dispensación a un profesional con 0 formación en salud animal y mínima formación en medicamento veterinario", añade Rotger.
Aunque la patronal CEVE valora como "positiva" la creación de una Subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los veterinarios no entienden por qué si todas las formaciones políticas les han trasladado su apoyo a las reclamaciones realizadas en las sucesivas concentraciones delante del Congreso, no fue aprobada la propuesta de Junts que hubiera solucionado los problemas denunciados por CEVE a la espera de la creación de una nueva Ley del Medicamento. "No tenemos la certeza de que vaya a aprobarse esta legislatura", advierte Rotger.
Finalmente, CEVE alerta de que si no se aprueba en esta legislatura el anteproyecto de Ley del Medicamento será "catastrófico para el sector veterinario y la sociedad en general ya que el 48% de los hogares españoles conviven con un animal de compañía".