El Comité de Crisis Veterinario, asociación que agrupa a los profesionales del sector en España, ha coordinado este fin de semana la organización de unas 38 manifestaciones por todo el país que han congregado a miles de personas contra el Real Decreto 666/2023, la conocida como Ley del Medicamento veterinario.

"La convocatoria ha sido un rotundo éxito", ha reivindicado la organización en un comunicado para subrayar especialmente la movilización de Madrid, a la que han asistido, según los convocantes, unas 7.000 personas.

Bajo el lema 'Veterinarios y familias, unidos por el bienestar animal y la salud pública', las concentraciones se han desarrollado en 38 ciudades, incluyendo Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santiago, Las Palmas o Bilbao. Además, Murcia ha anunciado su convocatoria para el domingo 15 y Huelva saldrá a la calle el día 20.

Las movilizaciones han sido convocadas por la profesión veterinaria en respuesta al Real Decreto 666/2023 y al sistema PRESVET, normativas que, a juicio de los profesionales del sector, "imponen trabas administrativas, limitaciones clínicas y sanciones desproporcionadas a los profesionales sanitarios responsables de la salud de los animales".

Los veterinarios han pedido un marco normativo "más justo y coherente, que les permita ejercer su labor de acuerdo a la evidencia científica y el criterio profesional".

En especial, han criticado que el Real Decreto les "impida" suministrar directamente en sus clínicas los tratamientos necesarios a los animales bajo su cuidado. Además, han denunciado que la regulación les impone un sistema burocrático "desproporcionado", que exige "detalles técnicos absurdos --como el número de gotas administradas o el porcentaje usado de una crema-- bajo amenaza de sanciones que pueden alcanzar 1,2 millones de euros".

De este modo, el manifiesto conjunto leído en las distintas concentraciones ha enumerado las "consecuencias reales" de dicha normativa: "Dificulta la atención inmediata; genera sobrantes peligrosos y fomenta la automedicación; obliga a seguir tratamientos obsoletos y desajustados; imposibilita al veterinario suministrar medicamentos en sus clínicas y penaliza la prevención con un IVA del 21% y castiga errores administrativos con sanciones de hasta 1,2 millones de euros".

El colectivo ha subrayado que, mientras en otros países europeos los veterinarios pueden ejercer con mayor libertad y ajustar los tratamientos en función del criterio clínico y la evidencia científica, en España se sienten "criminalizados" y con las manos atadas.

En respuesta, los veterinarios han presentado una batería de propuestas que pasa por la derogación de la Ley del Medicamento y del sistema PRESVET; un IVA reducido para un servicio esencial y libertad de prescripción y suministro con base en el criterio clínico y la evidencia científica.

El documento también ha puesto el foco en el compromiso de la profesión con la sociedad, al amparo de su lema 'Hygia pecoris, salus populi' (la salud de los animales es la salud del pueblo): "Porque la salud pública empieza por cuidar la salud de los animales", han añadido.

En esa línea, desde la organización de los veterinarios han agradecido públicamente el respaldo ciudadano a las distintas manifestaciones.

"El apoyo de los propietarios de mascotas ha sido total; la ciudadanía ha comprendido que no se trata solo de una reivindicación profesional, sino de una causa que afecta directamente al bienestar de sus animales y a su propio derecho a una atención sanitaria veterinaria fundamentada en criterios clínicos", han subrayado desde el comité de crisis veterinario.

"El movimiento veterinario ha dado un paso histórico este fin de semana", han remachado desde el gremio para remarcar que, de cara al futuro, la profesión veterinaria "continuará movilizándose sin descanso hasta que sus derechos como sanitarios sean reconocidos y respetados".

PSOE ACORDÓ CON ERC DIALOGAR CON LOS VETERINARIOS

El sector veterinario lleva encadenando protestas contra la Ley del Medicamento Veterinario desde que sus disposiciones comenzaron a afectar este año a los profesionales clínicos, los que tratan de los animales de compañía. Entre otras convocatorias, se han manifestado frente al Congreso de los Diputados.

Allí, algunos miembros del Comité de Crisis Veterinario hablaron con algunos representantes políticos de PSOE, PP, Vox, Junts, ERC, Bildu y Sumar que salieron a encontrarse con ellos. Aún así, los profesionales del sector han criticado en varias ocasiones que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no haya aceptado reunirse con ellos y, de hecho, en la propia concentración frente al Congreso de los Diputados demandaron su dimisión.

En la última Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, el PSOE y ERC acordaron una enmienda trasaccional sobre una Proposición No de Ley (PNL) de ERC por la que la Cámara Baja instó al Gobierno, entre otras cosas, a impulsar un diálogo entre el Ejecutivo y el sector veterinario para la disponibilidad de antibióticos en las farmacias y otros centros dispensadores autorizados.

Además, ERC presentó posteriormente esa misma enmienda transaccional como enmienda al Proyecto de Ley por el que se crea una Agenda de Salud y se modifica la Ley General de Salud Pública. En los textos de las iniciativas, a las que ha tenido acceso Europa Press, la diputada de ERC Etna Estrems Fayos, da un plazo de seis meses a partir de la aprobación de la Ley para que el Gobierno haga lo que ya pidió en la última Comisión de Agricultura.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Junts también presentaron enmiendas a este Proyecto de Ley recogiendo quejas de los veterinarios. De hecho, Junts pidió la derogación de la Ley del Medicamento veterinario en consonancia con lo que han pedido Vox y PP en varias ocasiones.