Nueva cita, nuevo paso en el calendario de movilizaciones contra la regulación del medicamento veterinario. El Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV) llama a sus colegiados a participar en el 'paseo reivindicativo' que está previsto que se realice por las calles de la ciudad el 8 de junio, domingo. Las protestas tendrán eco nacional, pues hay convocadas más manifestaciones en las capitales de 40 provincias españolas, la mayoría para el domingo, unas pocas más para mañana y un grupo menor en otras fechas del presente mes de junio. En esta ocasión, la invitación se quiere hacer especialmente extensible a los titulares de los animales, no sólo domésticos sino también a los propios ganaderos, porque se trata de colectivos especialmente concernidos por la aplicación de la restrictiva norma-tiva del medicamento en general y del polémico RD 666/2023 muy en particular. "Esta será la cuarta protesta que realizamos en Valencia, pero el colectivo ya acumula 9 movilizaciones sin que, hasta el momento, se haya rectificado nada de lo sustancial. No es sólo un problema para los veterinarios, es un conflicto que afecta al bienestar y a la salud de todos animales, con importantes ramificaciones para la salud pública de las personas", señala a este respecto la presidenta del ICOVV, Inmaculada Ibor.

La manifestación está previsto que arranque en la Puerta de la Mar de Valencia para dirigirse a la calle de la Paz, pasar por la Plaza de la Reina, la calle del Micalet y concluir en la Plaza de la Virgen, donde está previsto que se mantenga durante, al menos, una hora (de 11 a 12 horas) una concentración. Las movilizaciones contra la restrictiva regulación del medicamento veterinario y en favor de la rebaja del IVA a sus servicios se iniciaron en Barcelona el 5 de febrero con una manifestación que reunió a un millar de estos profesionales. Continuaron el 11 de febrero con un paro de centros veterinarios que tuvo especial incidencia en la Comunitat, pero que también se llevó a cabo en la mayor parte del país. El 21 de ese mes, fueron las calles de Valencia ciudad las que acogieron una nueva manifestación en la que participaron veterinarios llegados de las tres provincias valencianas. El 23, domingo, la protesta se trasladó a A Coruña. El 28, una nueva concentración se produjo en Ifema (Feria de Madrid), aprovechando la celebración del certamen Iberzoo-Propet. Fue la antesala de la gran manifestación celebrada el 5 de marzo frente a la sede del Ministerio de Agricultura (MAPA), que reunió a 5.000 veterinarios, titulares de animales, representantes de protectoras y demás ciudadanos. El 26 de abril se repitieron los paros en los centros veterinarios de todo el país y, de 10 a 12 horas, se produjeron concentraciones frente a las sedes de delegaciones y subdelegaciones de Gobierno de las 52 provincias, también en la de Alicante. Finalmente, el 7 de mayo, frente al Congreso de los Diputados, se repitió la escena y multitud de veterinarios y simpatizantes con esta causa pudieron expresar su malestar contra el referido RD. Mientras tal cosa ocurría, en el Senado se aprobaba una propuesta alineada con tales reivindicaciones que instaba al Gobierno a reformar tal regulación tras abrir un proceso de diálogo con los veterinarios.

Más allá de las razones jurídicas, de carácter más técnico -que han sido trasladadas reiteradamente a los ministerios competentes, el de Agricultura, Sanidad y Hacienda- en esta convocatoria se quiere centrar los esfuerzos en

involucrar a quienes directamente también se ven damnificados por estas normativas. Concretamente, el RD 666/2023 y la regulación previa del medicamento veterinario provoca:

1.- Tratamientos idóneos que no pueden ser prescritos: La normativa obliga a recetar determinados fármacos, que no son los más idóneos, para ciertas enfermedades. Eso dificulta su correcto tratamiento.

2.- Imposibilidad de aplicar la ciencia y la evidencia en la prescripción: La norma complica que los veterinarios prescriban los fármacos conforme a su criterio clínico y/o lo que indica la ciencia. Obligan a estos profesionales a ajustarse a las fichas técnicas de los productos, aunque la mayoría de ellas estén desactualizadas y/o obsoletas.

3.- Más riesgo para la salud de los animales y la salud pública: No poder tratar adecuadamente enfermedades animales supone un riesgo para la salud de los animales, pero también para la salud pública, ya que algunas de estas enfermedades pueden transmitirse a las personas.

4.- Retrasos en los tratamientos: El veterinario está obligado a seguir un sistema rígido en el uso de los fármacos, dificultando un rápido acceso de los pacientes a los tratamientos más adecuados.

5.- Tratamientos más caros y con más desperdicio: La normativa obliga a prescribir envases inapropiados, que encarecen los tratamientos y generan excedentes peligrosos.

6.- IVA al 21%: llevar a un animal al veterinario tiene un IVA al tipo máximo, como si fuera un artículo de lujo. Pero la salud de los animales no debiera serlo y otros servicios esenciales sanitarios sí tienen un tipo reducido