La Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios del Principado de Asturias (AEMVET) y el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA) se han reunido este pasado viernes 30 de mayo en Silvota para analizar los problemas que atraviesa la práctica veterinaria y hacer un llamamiento a la movilización en defensa del sector. ...
La Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios del Principado de Asturias (AEMVET) y el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA) se han reunido este pasado viernes 30 de mayo en Silvota para analizar los problemas que atraviesa la práctica veterinaria y hacer un llamamiento a la movilización en defensa del sector. En representación de AEMVET acudieron a la cita la presidenta, doña Begoña Gutiérrez Ortega y la vicepresidenta doña Ana Pérez Bances. Por la parte sindical se personaron el presidente don José Fernández Romojaro, el vicepresidente don Víctor Manuel Álvarez González y la secretaria general doña Miriam García Blanco.
Esta reunión se celebra a las puertas de la manifestación convocada para este domingo a las 12:00 en la Plaza de San Lorenzo (escalera 15) de Gijón que transcurrirá hasta el Ayuntamiento y que forma parte de los actos de protesta convocados en toda España para este fin de semana.
Durante el encuentro, se han puesto sobre la mesa los agravios y discriminaciones que la Veterinaria ha ido acumulando como profesión sanitaria durante las últimas décadas, y que se han acelerado y exacerbado de forma insostenible este último medio año. Se discutieron los puntos de vista de cada organización y se estudiaron las causas originales que han llevado a la profesión a esta situación a lo largo de décadas.
Se valoró muy negativamente por parte de ambas organizaciones que a lo largo de estás últimas décadas las competencias sanitarias de los veterinarios se hayan ido fagocitando por parte de los organismos agrícolas en detrimento de las administraciones sanitarias, ya que el Ministerio y las consejerías de Agricultura no tienen como objetivo prioritario la defensa y protección de la salud pública que sí tiene la profesión veterinaria, lo que genera malfunciones y distorsiones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. También se valoró muy negativamente que no se haya respetado la ley de ordenación de profesiones sanitarias en su obligación de regular la oferta y la demanda de facultativos veterinarios y esto haya conducido a un exceso de facultades de veterinaria en España, pasando de 5 a 15 facultades en un breve espacio de tiempo.
Estas y otras cuestiones han sido, según estas organizaciones, el caldo de cultivo perfecto para que desde el Ministerio de Agricultura se ningunee a la profesión obviando su carácter facultativo sanitario y científico, intentando convertirlos en técnicos de segunda que tienen que seguir al pie de la letra las instrucciones de un prospecto sin importar si con ello ponen en peligro a su paciente o a la propia salud pública comunitaria.
La gota que ha colmado el vaso en este sentido ha sido el Real Decreto 666/2023 y el sistema PRESVET, que han impuesto a estos facultativos una normativa injusta, desproporcionada, burocrática, fiscalizadora y ajena a la realidad. Esta normativa amenaza con castigar a los profesionales que no se plieguen a seguir sus "instrucciones" al pie de la letra con sanciones desorbitadas que pueden llegar hasta 1,2 millones de euros por simples errores administrativos. Con esta reglamentación se pone en grave peligro la salud pública comunitaria ya que impide un tratamiento médico veterinario individualizado y basado en el criterio facultativo científico de las mascotas, y con ello se favorece la aparición y diseminación de enfermedades zoonósicas entre los animales y las personas, y la aparición de resistencias.
Además llueve sobre mojado, ya que esta puntilla que se quiere dar al ejercicio profesional veterinario, como si de un mal chiste se tratara, hace honor al dicho popular "al perro flaco, todo son pulgas". No en vano este real decreto se suma a otros muchos agravios sufridos durante años entre los que destacan algunos como que el veterinario no pueda vender los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus pacientes o un IVA de lujo del 21% que grava actividad sanitaria de prevención y protección de la salud pública comunitaria.
Tanto una cosa como la otra, disminuyen la calidad de la prevención en salud pública e incluso la ponen en riesgo. No permitir la venta al por menor de medicamentos a los veterinarios clínicos, además de suponer una discriminación injustificada en relación a sus colegas europeos, condena a los propietarios a un largo peregrinar por las farmacias en busca de medicamentos que, o bien no se comercializan en ellas, o bien se venden en formatos de tamaños y precios desproporcionados para las necesidades de las mascotas. Esto genera que muchos animales no se traten o se traten inadecuadamente, favoreciendo la aparición y diseminación de zoonosis, y que en muchas ocasiones aparezca un excedente de medicamento incontrolado que favorece la aparición de resistencias.
Por otra parte, un IVA de lujo para una actividad de prevención y protección de la salud pública comunitaria persuade a muchos tutores de mascotas a vacunar o desparasitar con la frecuencia indicada para la prevención óptima de dicha salud pública o incluso a no tratar animales enfermos hasta que su enfermedad está muy avanzada. Todo esto dificulta, o incluso impide en ocasiones, el mandato deontológico y legal que tiene la profesión veterinaria de proteger a la población frente a cualquier amenaza para la salud que provenga de la vida animal y de dar a sus pacientes el mejor tratamiento posible.
Por todo ello, tanto la patronal (AEMVET) como el sindicato veterinario asturiano (SIVEPA), tras su reunión, hacen un llamamiento conjunto a todo el sector para que visibilicen su malestar y acudan a la manifestación veterinaria de este domingo en Gijón organizada por el colectivo bajo el lema "Por la salud de los animales, la salud pública y el reconocimiento de la profesión".