El Gobierno ha respondido oficialmente a las preguntas planteadas por el Grupo Parlamentario VOX en marzo sobre el Real Decreto 666/2023, que regula la prescripción, distribución, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. A pesar de las críticas del sector por la carga burocrática que implica, el Ejecutivo ha defendido la normativa, subrayando su papel clave en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, una prioridad internacional que amenaza con consecuencias sanitarias de gran escala.

Según la respuesta remitida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la resistencia antimicrobiana representa "uno de los principales problemas sanitarios actuales", con cifras que alarman a nivel mundial: solo en 2019, se atribuyeron 4,95 millones de muertes a infecciones farmacorresistentes, 1,27 millones de ellas directamente relacionadas con bacterias resistentes. De no tomarse medidas, se estima que entre 2025 y 2050 esta problemática podría causar hasta 38,5 millones de muertes, según datos de la ONU citados por el Gobierno.

La normativa se enmarca en un enfoque integral One Health, que considera la salud humana, animal y medioambiental como dimensiones interdependientes. En este modelo, los veterinarios son considerados actores fundamentales para controlar la propagación de resistencias, dado el intercambio constante de bacterias entre animales, personas y el medio ambiente, tanto a través de los alimentos como del contacto directo.

Respecto a las quejas sobre posibles limitaciones al criterio clínico veterinario, el Gobierno niega que se hayan restringido las competencias profesionales del colectivo. Aseguran que los veterinarios disponen de un "amplio catálogo de medicamentos comercializados con el que están familiarizados", lo que les proporciona suficiente margen de actuación. Además, destacan que el Real Decreto 666/2023 incorpora mecanismos de flexibilidad regulatoria, como los recogidos en los artículos 112 y 113 del Reglamento (UE) 2019/6 y los artículos 32.7 y 34 del propio decreto español.

En cuanto al uso de antibiogramas en tratamientos metafilácticos, el Ejecutivo aclara que no es obligatorio realizarlos en todos los casos. La normativa solo exige que las pruebas sean "recientes", permitiendo recurrir a diagnósticos anteriores cuando exista una relación epidemiológica demostrada. Este enfoque, según el Gobierno, está en consonancia con las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que defiende el uso prioritario de antibióticos de menor riesgo.

Sobre la participación del sector en la elaboración de la normativa, el Ejecutivo ha recordado que el decreto fue sometido a consulta pública, abierta a la participación de cualquier entidad o persona interesada. Sin embargo, reconocen que durante ese proceso no se recibieron comentarios específicos sobre la plataforma digital PRESVET, herramienta que centraliza los datos de prescripción veterinaria.

Por el momento, el Gobierno no contempla realizar modificaciones al texto legal. Si bien afirma que "analiza periódicamente la aplicación de la normativa", considera que actualmente "no concurren las circunstancias necesarias" para su revisión. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de adaptar el Real Decreto en el futuro, si el contexto lo requiere.

Finalmente, el Ejecutivo insiste en que trabaja para armonizar las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios a nivel europeo, y que se están realizando esfuerzos conjuntos con la industria y los colegios profesionales para mejorar la disponibilidad de productos y formatos adecuados. Subrayan, además, que el criterio veterinario debe prevalecer siempre que esté justificado, como garantía de eficacia, seguridad y protección de la salud pública.