8 es un veterinario en ejercicio clínico no puede venderlos, en caso contrario sí puede. ¿Qué motivos de protección de la salud pública y la sanidad animal o del medio ambiente pueden justificar esto? Ninguno”, advierte. Ante esta situación, para Jesús A. Gutiérrez Aragón el primer reto “y básico”, que, como asociaciones empresarialesn, detectan en el ámbito veterinario es “la necesidad de conocer de forma actualizada la situación real del sector y del sentir de los que lo conformamos”. “Esto solo se puede lograr con la realización de encuestas bien diseñadas que nos ofrezcan los datos necesarios para poder orientar nuestras futuras actuaciones”, asegura. El segundo es la unidad de acción en la veterinaria, “entendida como un todo que aglutina a empresarios y trabajadores en el plano económico y asociaciones y organizaciones colegiales en el plano profesional”. O, dicho de otro modo, “todos debemos caminar de la mano, estableciendo medios de diálogo franco y frecuente”. El tercero y último es comunicativo. “A todos los niveles, es necesario mejorar la comunicación sectorial, tanto interna como externa, así como la comunicación en cada una de las empresas. La mayoría de los conflictos se deben realmente a deficiencias en la comunicación”, sostiene. La respuesta de EmpreVet a las legislaciones más polémicas Dentro de los posicionamientos generales de EmpreVet, sus miembros plantean una serie de propuestas de mejora. El vocal de la entidad aclara que, “como organizaciones empresariales, no podemos ni queremos entrar en aspectos clínicos veterinarios, este es un aspecto que compete a la Organización Colegial Veterinaria”. Eso no implica que no tengan interés en ello, puesto que afecta esencialmente al funcionamiento de los negocios, “un ejemplo paradigmático sería la especialización veterinaria”. Dicho lo anterior, “es innegable que nos interesa mucho saber cómo se va a desarrollar reglamentariamente la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en cuanto a los listados positivos o lo que concierne a la identificación de los animales. O cómo se va resolver el registro de los CSV en aquellas comunidades que los inscribían como núcleos zoológicos, ahora que ya no se les puede catalogar así”, manifiesta. Evidentemente, insiste, “todo lo que tenga que ver con el manejo y comercio de los medicamentos nos interesa mucho”. Por lo que se refiere a las respuestas a estas sugerencias, Gutiérrez Aragón apunta que han entablado buena relación con el personal técnico tanto de la AEMPS, como del MAPA o de la Dirección General de Derechos de los Animales. “Nos ayudan a resolver dudas que nos plantean nuestros asociados y podemos presentarles nuestras preocupaciones”. Donde todavía no han podido lograr una relación fluida es en el ámbito político, “que es donde, en realidad, se pueden tomar las decisiones que mejoren la actual situación de inseguridad jurídica, exceso de carga burocrática y alteración del mercado”. La Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitario es una de las patatas calientes que ha generado en los últimos años un malestar en el sector que, además, todavía no ha sentido respuesta. Sentir que comparten desde EmpreVet. “Nuestros socios están indignados por ser considerados unos criminales contra los que hay que legislar preventivamente para impedir que cometan unos supuestos desmanes que no se cree nadie con dos dedos de frente. Aparte de arrastrar por el barro la presunción de inocencia que debería asistir a todo ciudadano, los veterinarios además de sujetarse a las mismas leyes que el resto de españoles, están obligados por su código deontológico, por lo que tienen más limitada su actuación y ponen en riesgo su supervivencia profesional con cada acto que acometen”, critica con dureza el portavoz. Por eso defienden, alineados con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “que no hay profesionales más preparados que los veterinarios para hacer una verdadera dispensación de los medicamentos veterinarios”. “Y defendemos que no puede anularse a los veterinarios en ejercicio clínico su legítimo derecho a la venta de medicamentos veterinarios que les reconoce el Reglamento (UE) 2029/6”, subraya. El Real Decreto 666/2023 también ha provocado una enorme controversia. El punto de vista de la asociación de empresarios sobre esta norma es que “debió haberse promulgado después de la reforma de la Ley de Garantías que se está haciendo ahora y, además, debió contar con una colaboración más estrecha entre la Administración pública y el sector”. El vocal de la Junta Directiva reconoce que “tiene cosas positivas, como el hecho de poder sustituir las prescripciones de botiquín a los animales de compañía por anotaciones en las fichas clínicas”. Pero también negativas, “como la imposición de las comunicaciones a PRESVET, cuando esa información ya está disponible a través de ESUAVet; la extensión de la responsabilidad veterinaria en la prescripción excepcional respecto a lo establecido en el Reglamento (UE) 2029/6; o un primer intento, todavía deficiente, de definir y regular el botiquín veterinario”. Por último, EmpreVet evidencia que la situación en España respecto a la obligatoriedad de la prescripción de acuerdo con las categorías de antibióticos recomendadas por la EMA “es excepcional”. “En la mayoría de los estados miembros, la categorización de los antibióticos de uso en animales es únicamente una recomendación de uso emitida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Únicamente en Bélgica, Dinamarca, España, Francia y los Países Bajos existe una regulación que impone ciertas obligaciones en la prescripción de estos medicamentos”, argumenta el experto. Así pues, “de todos los países que tienen directrices obligatorias, solo España las ha impuesto después de que la EMA estableciese la recomendación de categorización, mientras que los otros países han modificado sus legislaciones previas para adaptarse a ellas, manteniendo las regulaciones que ya tenían vigentes”. En su opinión, “la limitación del criterio clínico veterinario que introduce sería comprensible si la situación actual fuese de empeoramiento, pero las labores de concienciación que se iniciaron hace años han llevado a un descenso muy significativo en el uso de los antibióticos que hacen que la medida ahora adoptada en España sea desproporcionada”, concluye.
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