El Colegio de Veterinarios de Valencia cuestiona la utilidad del ADN canino para controlar las heces en vía pública

El organismo denuncia los puntos débiles de un sistema que plantea complicaciones prácticas, dudas jurídicas y duplicidades

El Colegio de Veterinarios de Valencia tiene dudas respecto a la utilidad real de los test del ADN canino para controlar la presencia de heces en vías públicas no recogidas por los propietarios. Diversas empresas especializadas han intensificado una campaña para ofrecer sus servicios a ayuntamientos de la provincia, crear ...

El Colegio de Veterinarios de Valencia tiene dudas respecto a la utilidad real de los test del ADN canino para controlar la presencia de heces en vías públicas no recogidas por los propietarios. Diversas empresas especializadas han intensificado una campaña para ofrecer sus servicios a ayuntamientos de la provincia, crear un censo genético y tratar de acabar así con el problema. Para instaurar el sistema, tales empresas –después de ser adjudicatarias de este servicio- requieren de la colaboración de clínicas veterinarias de la localidad en cuestión, que son las encargadas de tomar las muestras de saliva o de sangre del perro con las que realizar la correspondiente ficha del ADN del animal.

Al contrario que en otras regiones, la actuación se lleva a cabo sin contar previamente con los veterinarios clínicos ni con el Colegio de Veterinarios de Valencia (para estudiar o fijar las condiciones de realización, lo que ha generado desconfianza entre el colectivo. Por ello, el Colegio denuncia abiertamente las debilidades de un sistema que, pese a haber mejorado en los últimos años, resulta aún muy costoso, con un complicado retorno de la inversión vía el cobro de sanciones, que genera duplicidades con respecto al ya existente Registro de Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA) –lo que obligaría a los vecinos con perros a pagar dos veces por el mismo servicio-, que es poco fiable y que plantea serias dudas jurídicas.

"Sobre el papel, el sistema parece resolver el problema, pero hay incógnitas sobre su viabilidad económica, técnica y jurídica", explica la presidenta, Inmaculada Ibor. En primera instancia, exige que los municipios adapten sus ordenanzas para recoger la obligatoriedad de este nuevo censo genético y sistema de identificación.

Este asunto es una cuestión salvable porque solo depende de la voluntad política del Consistorio, otra cosa bien distinta es si la regulación autonómica –porque es la Generalitat la que tiene las competencias en materia de bienestar animal- reconoce a este tipo de identificación a partir del ADN, algo que no se contempla ni en la actual legislación ni en el proyecto de Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía que solo menciona al microchip como método de identificación obligatoria en el caso de los perros.

Legalidad de las multas

Además, existen otras dudas jurídicas en cuanto a su utilidad como instrumento sancionador. Así, para garantizar la legalidad de las multas a los infractores de las ordenanzas, el municipio debería asegurar la cadena de custodia, es decir, que la muestra no se haya manipulado ni alterado desde su recogida hasta el resultado final de la analítica, cuando se coteja el ADN de la ficha de cada animal con el obtenido a partir de las heces.

Para su toma, además, se requerirá de la presencia de un funcionario que levante acta del lugar, de la persona que toma la muestra y de su envío al laboratorio. "El registro genético obligaría a que la Policía Local controlara, persiguiera y en su caso sancionase a quienes, después del plazo concedido, no hubieran inscrito a su animal y –una vez alcanzado un porcentaje del censo significativo- los agentes u otros funcionarios tendrían que auxiliar en la toma de muestras de heces para cada expediente que se pueda abrir", explica Ibor.

El sistema tampoco garantiza un retorno de la inversión realizada para confeccionar el censo genético –a veces bonificada o asumida por los consistorios, si no es sufragada al 100% por los vecinos- a través de las sanciones. Su eficacia a la hora de cruzar datos entre el registro y los resultados por marcadores moleculares (PCR) de las heces recogidas es, pese a los avances registrados y según la literatura científica consultada, muy cuestionable: las muestras obtenidas suelen degradarse por las condiciones ambientales, muchas veces no son definitorias por la propia escasez de ADN que pueda analizarse, por la habitual presencia de inhibidores de PCR que impiden que los resultados sean concluyentes, por la existencia de contaminaciones genéticas, por problemas de conservación y/o transporte de las heces, por proceder de una especie distinta...

Relación coste-beneficio

Por ello, el Colegio de Valencia recomienda a los municipios estudiar detenidamente la relación coste-beneficio y analizar también antes la conveniencia de reformar las ordenanzas para reforzar el ran­go de las sanciones; reorientar la inversión municipal a la mejora de la vi­gi­lancia en este ámbito e intensificar las campañas de concienciación, con mensajes que vayan más allá de remarcar los problemas de olores, de deterioro del mobiliario público o de falta de civismo, en los que se remarquen también los problemas de salud pública derivados de la no recogida de las heces.

Asimismo, recuerda que el actual sistema de identificación del RIVIA permite localizar en pocas horas al animal extraviado (sólo hace falta leer el chip con los datos de su titular) y sirve para identificar a todos los perros de la Comunidad–y a través del REIAC, la base de datos que conecta los registros autonómicos- a todos los del país.

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