La AEMPS actualiza las preguntas y repuestas sobre distribución, prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios

Desde la publicación del Real Decreto 1132/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios, así como del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se han generado diversas dudas sobre su aplicación que se han resuelto a través de notas interpretativas.

Adicionalmente, la publicación de normativa nacional que aborda temas novedosos como son, la venta a distancia de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria, contemplada en el Real Decreto 544/2016, o la relativa a la comunicación de las prescripciones veterinarias de antibióticos a animales de producción contemplada en el Real Decreto 191/2018, ha generado un importante número de consultas que se han resuelto puntualmente.

A su vez, la aplicación del Reglamento (UE) 2019/6 de medicamentos veterinarios el 28 de enero de 2022 ha suscitado muchas dudas de interpretación entre los profesionales veterinarios

En base a ello se ha redactado el presente documento que tiene por objeto compilar las distintas respuestas que se han dado hasta la fecha sobre la aplicación de la normativa de aplicación a la distribución, prescripción y dispensación del medicamento veterinario, así como dar respuesta a las nuevas dudas interpretativas que pudieran surgir en la aplicación de las nuevas disposiciones normativas.

El documento nace con la vocación de ser un documento vivo que se vaya alimentando con las respuestas a las cuestiones planteadas por los distintos sectores implicados, que serán objeto de debate y consenso en el Grupo RASVE de la distribución, prescripción y dispensación de Medicamentos Veterinarios

La información incluida en el presente documento tiene un carácter meramente orientativo y responde a supuestos prácticos muy concretos. Pretende facilitar la aplicación de la norma, pero en ningún caso supone una interpretación jurídica, que será la que prevalezca en caso de discrepancias

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