La normativa que vela por la tenencia responsable de animales de compañía está muy clara en el caso de Cataluña. El marco jurídico especi­fica una serie de obligaciones para el propietario de carácter general, como son la identi­ficación de la mascota con un microchip homologado o que conste en el censo del ayuntamiento de la ciudad donde resida de forma habitual. Entre las prohibiciones se encuentran la de abandonarlo, la de comunicar al ayuntamiento en un plazo de 48 horas su desaparición, y la prohibición de cortar la cola y las orejas a los animales y extirparles las uñas y las cuerdas vocales.

La polémica del maltrato animal se ha visto acrecentada recientemente en la región sobre todo a raíz de iniciativas políticas que proponen la modi­ficación del Código Penal para endurecer las multas por maltrato, y además extenderlas al maltrato de animales salvajes.

Tenencia responsable

La responsabilidad de los propietarios con sus mascotas es una obligatoriedad que recoge tanto el Código Penal como las distintas regulaciones de índole autonómica. En Cataluña, la Agencia Catalana del Consumo promueve la tenencia responsable, y facilita una serie de recomendaciones para garantizar que el animal esté en las condiciones correctas, al tiempo que prevé una serie de acciones para disminuir el número de abandonos. Esto último es clave y revalida el éxito de las políticas llevadas a cabo en los últimos años que han conseguido que disminuya el número de animales abandonados en Cataluña. Así, por ejemplo, de los 24.600 que se registraron en el año 2005, en 2015 pasó a 22.215, datos que confi­rman una reducción de los abandonos de un 9,6% en tan sólo diez años, lo que supone 2.385 animales menos. Son datos del informe sobre el abandono de animales de compañía en Cataluña realizado por el cuerpo de Agentes Rurales e investigadores de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universitat Autònoma de Barcelona, que además señala que un 82% de los animales recogidos provenían de la vía pública (85% el año 2005), un 8% de cesiones efectuadas por sus propietarios (8,3% el año 2005) y un 4% decomisos y otros (6% el año 2005).

El estudio también evidencia otros aspectos importantes como son las características de los animales recogidos, que en el caso de los perros coinciden en un 16,2% con cachorros (3.390), un 5% con geriátricos y un 6,35% se identificaban perros considerados potencialmente peligrosos (1.330 perros).

Sanciones

Entre las medidas contempladas por ley se encuentra la imposición de sanciones de hasta 20.000€ por los siguientes supuestos: el maltrato, la agresión física o someter al animal a cualquier otra práctica que le produzca sufrimientos o daños físicos o psicológicos; la prohibición de suministrarle sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud o del comportamiento; el abandono o el mantenimiento en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario; practicarles algún tipo de mutilación; no facilitarles la alimentación su­ficiente o exhibirlos de forma ambulante como reclamo.

Todo ello con la ­finalidad de contribuir al bienestar y la seguridad animal y garantizar que están cubiertas sus necesidades vitales. Así, algunas de las responsabilidades que contempla la norma con respecto a los propietarios se dirigen al control e identi­ficación de la mascota, como es la obligatoriedad de que el perro vaya atado con un collar y una correa o cadena, que no le ocasione daños o el deber de llevar el documento identi­ficativo del censo del animal. En este punto es esencial la actividad que lleva realizando la aplicación informática del Registro general de animales de compañía que puso en marcha la Generalitat de Cataluña a partir de 2011 (ANICOM) que facilita la tarea de identi­ficación del propietario, ya que no es necesario que los ayuntamientos lleven un censo municipal y toda la información está centralizada a través del ANICOM.

Por su parte, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha establecido los principales retos de la profesión veterinaria para el 2018, entre los que se encuentran: promover un uso racional de los antibióticos para el control de enfermedades; vigilar el incremento de las enfermedades infecciosas; o revisar el marco regulador de las empresas veterinarias para garantizar la profesionalidad en estos entornos comerciales y explorar las implicaciones para la regulación de nuevas tecnologías como la telemedicina.

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