Las organizaciones firmantes (*) deseamos trasladar al conjunto del colectivo profesional y, muy especialmente, a los representantes de la Organización Colegial Veterinaria, las razones que motivan nuestra decisión de no apoyar ni participar en la manifestación inicialmente convocada por la OCV para el próximo 18 de febrero, cuya celebración, además, se encuentra actualmente en entredicho tras las solicitudes formales de aplazamiento y la retirada expresa de apoyo por parte de diversas entidades. Esta decisión no obedece a una falta de compromiso, ni a desmovilización alguna. Al contrario: nace de la responsabilidad, de la coherencia y de la convicción de que el momento que atraviesa la profesión exige claridad, liderazgo y acciones concretas, no gestos ambiguos ni estrategias que profundicen la confusión. En las últimas semanas, la ausencia de una posición nítida y compartida por parte del Consejo, unida a decisiones adoptadas de forma unilateral y sin el necesario consenso del Comité de Crisis, ha generado una creciente inquietud entre los profesionales. Las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han logrado disipar las dudas, ni han servido para reconstruir la confianza de un colectivo que lleva más de un año soportando una situación límite.

Esta desconexión quedó patente en la última reunión del Comité de Crisis, donde se evidenciaron decepción, cansancio y una clara falta de confianza, pero también una voluntad mayoritaria de no seguir prolongando una estrategia que no está dando resultados.

El fondo del problema es conocido y ampliamente compartido: el Real Decreto 666/2023 no es una norma técnicamente corregible mediante parches sucesivos. En menos de dos años ha requerido múltiples modificaciones y notas interpretativas sin que se haya resuelto la inseguridad jurídica, la rigidez asistencial ni el impacto negativo sobre el ejercicio clínico. Una norma que necesita ser explicada y corregida de manera constante difícilmente puede considerarse adecuada, proporcionada o compatible con una práctica veterinaria responsable.

Nos encontramos ante una regulación injusta, desproporcionada y jurídicamente cuestionable, que invade el núcleo del criterio clínico veterinario, sustituye el juicio profesional por procedimientos automáticos y coloca a los profesionales ante un dilema inaceptable: cumplir la norma o cumplir con su deber ético y deontológico. Lejos de proteger la salud pública, esta situación compromete el bienestar animal, reconocido como principio jurídico vinculante, y genera retrasos terapéuticos, sufrimiento evitable e inseguridad en la toma de decisiones clínicas.

Las modificaciones planteadas hasta la fecha responden fundamentalmente a exigencias administrativas y a obligaciones ya previstas en la Ley 7/2025, pero no corrigen los vicios estructurales del Real Decreto ni restituyen la seguridad jurídica del profesional veterinario. Simplificar trámites o mejorar sistemas informáticos no soluciona una norma cuyo planteamiento de fondo es incompatible con la realidad asistencial.

Por todo ello, consideramos que ha llegado el momento de dar un paso claro y colectivo. La única vía coherente, técnica y políticamente viable es la derogación del Real Decreto 666/2023 y la aplicación directa del Reglamento 2019/6 y/o elaboración de una nueva normativa que respete el criterio clínico, la lex artis veterinaria y garantice el bienestar animal y nuestra plena autonomía técnica y científica.

Este objetivo exige acción inmediata, tareas definidas y responsabilidades claras. En este sentido, instamos a la Organización Colegial Veterinaria, como legítima representante institucional de la profesión, a asumir sin ambigüedades su papel y a comprometerse públicamente con los siguientes puntos, en plazos concretos y verificables:
• Pronunciarse de forma explícita y pública a favor de la derogación del RD 666/2023, como reivindicación central del colectivo.
• Convocar, en el plazo más breve posible, a las Juntas de Gobierno de los Colegios Veterinarios para que se pronuncien formalmente sobre dicha derogación.
• Facilitar información sobre la Iniciativa Legislativa Popular admitida y apoyar la recogida de firmas.
• Coordinar con el Comité de Crisis una estrategia común, con calendario y objetivos consensuados.
• Encargar y difundir, a través de sus servicios jurídicos, alegaciones técnicas y legales que soliciten expresamente la derogación en el marco del trámite de audiencia pública.
Estas actuaciones no deberían entenderse como opcionales, sino como obligaciones inherentes a la responsabilidad representativa, especialmente cuando una parte mayoritaria del colectivo ha manifestado de forma reiterada que la vía de las modificaciones se ha demostrado tan prolija como ineficaz.

Desde el respeto institucional, pero también desde la firmeza que exige la gravedad del momento, hacemos un llamamiento a la unidad real, a la coherencia y a la acción. El colectivo veterinario no necesita más mensajes ambiguos ni tiempos muertos. Necesita liderazgo, claridad y compromiso.

Reiteramos nuestra disposición a trabajar de forma conjunta, leal y constructiva, pero también nuestra determinación de no seguir avalando estrategias que diluyen la reivindicación principal. La derogación del RD 666/2023 es una urgente necesidad profesional, ética y jurídica.

(*) Suscriben este comunicado las siguientes asociaciones/entidades: ANAVEPOR (Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino), ANEMBE (Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina), AVEDE (Asociación de Veterinarios Especialistas Diplomados de España), AVEE (Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España), AVESA (Sociedad Científica de Salud Pública Veterinaria), CEVE (Confederación Empresarial Veterinaria Española), FESVET (Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios), SEOC (Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia), SOCIVESC (Sociedad Científica Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria), VETSUNIDOS, VETWARRIORS y COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CÁDIZ