Los veterinarios de España reclaman la derogación o modificación del Real Decreto 666/2023, una normativa que, según denuncian, limita su capacidad de actuación con criterio científico al imponer protocolos que retrasan diagnósticos y tratamientos. Para Gonzalo Moreno, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), los últimos doce meses han sido "un período un poco convulso" por el impacto de estas regulaciones sobre la profesión. "La parte positiva es que todo esto nos ha llevado a unirnos para defender una regulación más justa en todos los ámbitos, desde los compañeros que trabajan con animales de granja hasta los de clínica", subraya. El objetivo, recalca, es ser escuchados por las administraciones. "Nuestro principal logro es el de la unidad para reclamar lo que todos consideramos justo para la profesión", añade. 

Recuerda que no siempre existió esa cohesión para afrontar retos similares y piensa que ahora deben seguir trabajando en otros frentes. Este ejercicio de unidad, afirma, les ha permitido alcanzar "mayor repercusión pública" y avanzar en mejoras regulatorias. Cita el ejemplo de la cesión de medicamentos y el debate abierto en torno a esta normativa. "Por primera vez, se ha abierto la posibilidad de que la profesión veterinaria esté presente en una especialidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)", destaca como uno de los principales hitos del año.

Moreno explica que el auge del concepto One Health está ayudando a que la sociedad, incluidos los responsables políticos, comprenda mejor que la salud animal es esencial para la salud humana. "El problema es que cuesta que esto se traduzca en políticas públicas que implanten realmente el enfoque 'One Health", lamenta. Aunque muchos proyectos normativos lo mencionan en su exposición de motivos, no se concreta en medidas efectivas. Puntualiza que "todavía no se entiende dentro de la Administración la importancia de ponerlo en marcha".

El foco de preocupación

Sobre cuál es actualmente la mayor preocupación de los veterinarios españoles, Moreno es claro: "Obviamente, el tema estrella es la regulación de los medicamentos". Remarca que "el principal problema es el de no poder prescribir libremente los medicamentos que necesitan los animales". Defiende que, como ocurre con la medicina humana, la prescripción es una de sus funciones esenciales.

Advierte de que, si esa capacidad se ve condicionada, las primeras afectadas serán las propias especies tratadas. Pero, la ciudadanía sufrirá del mismo modo las consecuencias. Avisa de que, "si no controlamos bien las enfermedades animales, se verán afectadas las personas". Aclara que no solo se restringe la dispensación, sino que "todo queda más limitado", ya que deben ceñirse estrictamente a las fichas técnicas sin margen para adaptar tratamientos. Insiste en que una falta de adecuación terapéutica no solo perjudica a los animales, sino que compromete el conjunto de la salud pública, porque "enfermedades animales que controlábamos bien pueden descontrolarse".

Así, "el veterinario juega un papel primordial garantizando la salud pública". Moreno reconoce que, al ser un rol preventivo, suele percibirse menos que la labor asistencial de un médico, pero asevera que la contribución a la seguridad alimentaria, la ganadería o los animales de compañía "es crucial para toda la población".

Condiciones laborales

A esta preocupación se suman las condiciones laborales, que describe como "muy mejorables". "Somos uno de los grados peor pagados, estamos a más de 1.000 euros por debajo de la media salarial de las profesiones sanitarias", denuncia. Ello tiene consecuencias serias, en el sentido de que "hay problemas graves de salud mental, abandono de la profesión y emigración a países con mejores condiciones". Aunque no sea competencia del Consejo General, la OCV está siguiendo de cerca la situación. Mantienen reuniones con patronal y sindicatos e impulsan acciones formativas para ofrecer herramientas y avanzar en soluciones. Su presidente apunta que, en los últimos años, están creciendo especialmente la veterinaria municipal, la peritación veterinaria y la veterinaria forense, áreas que hace tiempo eran menos habituales y que ahora ganan relevancia.

Sobre los preparativos del IV Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal, que será en Valencia en mayo del 2026, Moreno indica que se están reuniendo los comités científicos y organizadores y definiendo el programa, confiando en que pronto lo puedan dar a conocer. Nos adelanta que va a ser la primera vez que cuenten desde el primer momento con la universidad, con las facultades de Veterinaria de Valencia, para realizar el congreso conjuntamente.

Entre los contenidos previstos se abordarán problemáticas habituales en la práctica diaria. En ediciones anteriores la Ley de Bienestar Animal ocupó un lugar destacado, y en esta ocasión se tratará, entre otros temas, la actuación veterinaria en catástrofes naturales como la reciente DANA, una materia que sigue pendiente de regulación.

Le cuestionamos si hemos conseguido mejorar en este año el bienestar de los animales. "Sí que se están consiguiendo avances. Todos tenemos claro que la medicina veterinaria es una medicina de pago, que no la financia el Estado. Por otro lado, tenemos claro que los animales no son un bien de lujo. Y tenemos claro que gran parte de los tratamientos que hacemos para la salud de los animales repercute en la salud pública. Desde esa perspectiva, hay medidas que deberían plantearse como es el caso del IVA veterinario. No tiene ningún sentido en la cifra en la que está, que marca la salud animal como un bien de lujo, cuando no lo es, cuando cualquier persona puede tener animales, no solo las que disponen de más medios económicos. Gravando la salud animal, estamos gravando la salud humana", avisa. Reclama que se incentive económicamente la atención veterinaria y que se regule sobre veterinaria con un enfoque sanitario.

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