La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha que se ha resuelto "de manera definitiva", el contrato de obras de consolidación de la perrera municipal con la rescisión del contrato, la indemnización a la constructora y la firma de un contrato "puente" con otra empresa para que preste el servicio durante 10 meses mientras se redacta un nuevo pliego.

Se trata de un proyecto que colea "desde el año 2022", cuando debió de terminarse, y que finalmente no ha llegado a ejecutarse.

El acuerdo de la Junta de Gobierno al que ha llegado el Ejecutivo local supone la "indemnización a la empresa adjudicataria", Construcciones Ortega, con 17.799 euros que es el equivalente al tres por ciento de la prestación no ejecutada, como ha informado Ballesteros.

Asimismo, se han iniciado los trámites relativos a la "devolución de la garantía definitiva", que la empresa depositó en su día cuando fue ganadora del concurso y según ha recordado Ballesteros, este proyecto tuvo un costo inicial de 750.000 euros.

Además, contaba con una subvención de 350.000 de la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Local (FCL) y como ha indicado la portavoz municipal, el proyecto sufrió múltiples incidencias desde el inicio de las obras.

Así, se detectaron "problemas estructurales que no estaban previstos", lo que obligó a aprobar una modificación del proyecto en junio de 2023. En ese momento también surgieron "graves deficiencias" de cimentación lo que encareció la obra "notablemente".

El entonces equipo de Gobierno descartó de manera definitiva rehabilitar las actuales instalaciones, ubicadas en terrenos del antiguo aeropuerto militar, en Villafría y se estudió "implantar una estructura modular", una opción que requería una ampliación del recinto, "inviable por tratarse de una zona protegida".

También valoró aquel equipo de Gobierno una nueva ubicación en el polígono de Villalonquéjar, en las proximidades de una nave municipal, pero esta opción tampoco cuajó y finalmente fue descartada por su elevado coste y por el aumento considerable de personal.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Burgos planteó un contrato puente, con una duración de diez meses y la prórroga de otros diez, para dotarse de un servicio de recogida y de protección animal mientras el área de Sanidad y Medio Ambiente trabaja en los nuevos pliegos definitivos.