El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón somete a información pública el proyecto de Orden por el que se regula la vacunación antirrábica obligatoria de la especie canina, el control de las enfermedades zoonóticas en los animales de compañía, y establece la documentación sanitaria para este tipo de animales, en la que, entre otras novedades, establece que la vacunación antirrábica pase de una frecuencia anual (como desde hace más de 50 años se está realizando) a una frecuencia con carácter bienal (cada dos años).

Por ello, el martes 30 de mayo, en la sede del Colegio de Veterinarios de Zaragoza tuvo lugar una asamblea informativa, a la asistió un centenar de veterinarios clínicos de Zaragoza, y en la que se dio cuenta de las negociaciones que desde hace varios años llevan manteniendo representantes de los Colegios Veterinarios de Teruel, Huesca y Zaragoza con la Administración autonómica.

Después de varios años de negociaciones, ha llegado el día en que el borrador de la Orden que regula la vacunación antirrábica ha visto la luz, prevaleciendo las presiones y los intereses económicos del colectivo de cazadores y dejando al margen la opinión de los profesionales veterinarios que, según ley, son los únicos responsables de la salud de nuestras mascotas.

"La excusa que desde la Administración autonómica se esgrime para modificar la Orden se basa en que no es lícito vacunar a nuestras mascotas de forma obligatoria con carácter anual utilizando vacunas que aportan al animal una protección inmunológica superior a un año (de uno o de tres años). Y ahora resulta que la nueva Orden obliga a vacunar a los animales de la especie canina con carácter bienal (cada dos años) con vacunas que aportan una inmunidad idéntica a la anterior (de uno o de tres años)", aseguran.

En resumen, "si con la aplicación de la Orden actual se incumple el protocolo de vacunación, con la nueva Orden, también". Es importante reseñar que, tomando como base el derecho comparado, de las 17 comunidades autónomas sólo en 3 de ellas no es obligatoria la vacunación de rabia. Y en las 14 comunidades restantes (más del 80%) se establece la vacunación con carácter obligatorio, siendo además con carácter anual en 11 de ellas.

Desde la perspectiva de los profesionales sanitarios no se llega a entender que cuando la propia DGA, a través de su protocolo "ante agresiones por animales con riesgo de transmisión de rabia (2011)", pone de manifiesto la gravedad y la importancia del control de ésta zoonosis, a través de la nueva Orden relaje las medidas de vigilancia y alargue el periodo de vacunación de estos animales, cuando cada día son más los hogares españoles que disponen de una mascota (4 de cada 10 hogares en España).

Es una evidencia que la tenencia responsable de animales de compañía ha cambiado en las últimas décadas, siendo cada vez más estrecho el contacto entre animales y personas, con el riesgo que conlleva de transmisión de enfermedades zoonóticas a las personas, siendo la rabia la más importante, pero no la única. "La Orden tampoco tiene en cuenta el control de otras zoonosis como la hidatidosis, leishmaniosis, parasitosis internas y externas, etc., todas ellas de fácil control veterinario y que no se contemplan".

El próximo día 13 de junio, y a instancias de los Colegios Veterinarios de Teruel, Huesca y Zaragoza, se tiene prevista una reunión con el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a la que asistirán los presidentes de los tres colegios de veterinarios aragoneses junto al profesor Badiola en representación de la OCV.

Desde el Colegio de Veterinarios de Zaragoza se insta a la Administración autonómica, que "siempre ha dado muestras de coherencia y de sensibilidad en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades zoonóticas", para que reconsidere su postura y retome las negociaciones que hasta la fecha ha sostenido, y escuche al colectivo de profesionales sanitarios veterinarios colegiados de Aragón, como máximos responsables de la salud de nuestras mascotas y, en consecuencia, de la salud pública de los ciudadanos.