La Organización Colegial Veterinaria reunió el pasado fin de semana a sus representantes para discutir, aprobar y recibir información de asuntos de trascendencia para la profesión. En la Junta Permanente se aprobó el cambio de la entidad de seguros que se responsabilizará de las pólizas de seguros colectivos y que en adelante se encomendará a Caser. Los consejeros realizaron un primer análisis sobre la posibilidad de que se eleve un recurso de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto 544/2016, de 25 de diciembre, por el que se regula la venta a distancia al público de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria que publicó el BOE el pasado 13 de diciembre.

Pero el asunto más preocupante de la reunión fue la noticia, aún sin confirmar, de que existe en la Comunidad Madrileña el proyecto de crear una nueva Facultad de Veterinaria de carácter privado promovida por la Universidad Europea de Madrid. Según las informaciones de que dispone la OCV, la iniciativa dice responder a un argumento que no tiene sustento real (en España se necesitan veterinarios), un dato erróneo a todas luces según los estudios del Instituto Nacional de Estadística (los recién graduados tienen unas espléndidas perspectivas económicas) y una pretensión que está por demostrar (se trataría de formar veterinarios para que luego ejercieran en otro países de la Unión Europea).

La Junta Permanente, conocedora de la preocupación que existe en el seno de la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria por una iniciativa a la que se opone, solicitará una reunión con el Ministerio de Educación para manifestar su inquietud por la inflación de centros de estudios superiores de Veterinaria en España y argumentar su posición contraria a la creación de nuevas Facultades. En ese ámbito universitario, la Junta Permanente recibió noticias que apuntan a una inflación en la admisión de estudiantes de Veterinaria en una institución privada de la Comunidad Valenciana.

La sesión abordó, con carácter monográfico, el papel de los veterinarios en el programa de lucha contras las antibiorresistencias. Consuelo Rubio, subdirectora general de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), explicó hasta qué punto este asunto afecta a la salud y la economía con carácter mundial (en 2050 se prevé que mate a diez millones de personas en el mundo, más que el cáncer); en Europa son 37.000 los fallecimientos al año; y en España 2.500, con un impacto económico de 150 millones de euros. Comentó cómo el fin de los antibióticos acabaría con la medicina tal y como hoy la conocemos, una de las razones por las cuales hay que abordar el problema con urgencia, y puso de relieve el informe Esvac, que coloca a España en cabeza de las ventas de antimicrobianos de uso veterinario en Europa.

Consuelo Rubio informó en detalle sobre el Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos puesto en marcha en nuestro país; y destacó que los veterinarios juegan un papel en el desarrollo de la antibiorresistencia, pero recalcó que ni el mundo animal ni el veterinario es el principal responsable de este problema. Fue tajante Consuelo Rubio al afirmar que en España no se comen antibióticos ni en la carne ni en los derivados lácteos; pero no descartó que en esos alimentos se puedan transportar genes de resistencia.

A primera hora de la mañana del sábado se inició la Asamblea General de Presidentes, en cuyo orden del día figuró como asunto destacado el estudio y aprobación en su caso de los presupuestos de la organización colegial para el año 2017. El responsable de Asuntos Económicos del Consejo General, Felipe Vilas, presentó unas partidas presupuestarias que, como viene siendo habitual en las últimas legislaturas, arrojan un resultado de ingresos y gastos equilibrado. En síntesis, en el capítulo de ingresos el grueso de las aportaciones son las cuotas de los colegiados, que se mantienen congeladas. En el capítulo de gastos apenas hay pequeñas modificaciones al alza por la elaboración de estudios y la gestión de la receta electrónica veterinaria, que fue objeto de análisis y debate. Se mantienen sin variaciones los gastos por prestaciones sociales y se incrementa ligeramente el capítulo de ayuda a los desempleados. Las cuentas para el próximo año se aprobaron por 31 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.

En el transcurso de la asamblea se informó sobre la marcha de la campaña de difusión de la profesión veterinaria, que la OCV mantendrá hasta finales de año en las principales cadenas de radio y televisión y en cinco cabeceras de prensa digital.

El intrusismo profesional y su proliferación en los últimos tiempos fue sometido a consideración de los presentes, que criticaron la iniciativa de un centro universitario creando másteres en fisioloterapia animal que admiten a alumnos no veterinarios. Los presidentes coincidieron en que el intrusismo necesita actuaciones contundentes para evitar que se convierta en un cáncer para la profesión. La asamblea conoció el proyecto formativo en materia de bienestar animal que ha puesto en marcha el Colegio de Cádiz. Su presidente y vocal de la Junta Permanente, Federico Vilaplana, explicó que esta iniciativa puede aplicarse en cualquier región de España y su objetivo es transmitir a los alumnos de sexto de primaria y cuarto de ESO los valores y contenidos esenciales que presiden las leyes de protección animal de cada comunidad autónoma.

La asamblea concluyó con el informe del presidente, Juan José Badiola, y un cambio de impresiones sobre el proyecto de nueva Facultad de Veterinaria en Madrid, al que se opone el plenario.