El debate tiene su origen en la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que insta al Gobierno a unificar todos los servicios veterinarios bajo la tutela del Ministerio de Agricultura, y a una posterior enmienda transaccional que, textualmente, dice: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evaluar y proceder de manera inmediata… a unificar a nivel central en el MAPAMA todas las competencias estatales sobre la gestión de los servicios veterinarios en materia de seguridad y producción agroalimentaria que permita la simplificación de trámites administrativos sin perjuicio de mantener la competencia de la determinación del riesgo posible en los procesos a lo largo de toda la cadena alimentaria a un organismo independiente de seguridad alimentaria que debería continuar en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición".

En el devenir del debate, en que participaron todos los presidentes de consejos autonómicos veterinarios, se puso de manifiesto que el modelo actual de adscripción administrativa contempla la pertenencia a Agricultura y a Sanidad. En la Unión Europea, la mayoría de los países tienen los servicios adscritos al Ministerio de Agricultura; en otros, como Italia y Austria, están bajo la tutela del Ministerio de Sanidad.

Se manifestó que las distintas adscripciones dan lugar a disfunciones por falta de coordinación entre administraciones y se barajó la idea de que la iniciativa legislativa pudiera responder al interés por simplificar los trámites a la exportación para reforzar el sector exterior agroalimentario, en la actualidad un puntal de la recuperación económica.

Los presidentes valoraron la conveniencia de la unificación en un cuerpo único,  pero por el carácter sanitario que tiene la profesión veterinaria apuntaron que Sanidad sería el Ministerio más apropiado. El asunto será objeto de estudio detenido por la Junta Permanente de la organización, que se abrirá a la opinión de otras instituciones, asociaciones, etcétera.

En el transcurso de la Junta Interterritorial se suscitó un segundo asunto de importancia para una parte de la profesión: los certificados DVR (documento veterinario responsable) que firman los veterinarios oficiales o libres sobre las condiciones de los animales que van al matadero y cuyo destino serán productos susceptibles de exportar a un país tercero.

La autoridad administrativa exige que haya un compromiso de los veterinarios para garantizar al importador que el producto no tiene riesgos sanitarios.

Ante la indefinición de quién debe rubricar el documento, la posición de la Junta Interterritorial fue clara: el veterinario de explotación, figura que contempla la ley pero que aún no está reglada y, por tanto, adolece de desarrollo competencial. En Andalucía se exige al veterinario que rubrica el DVR una antigüedad de seis meses en la explotación y que esté registrado y dado de alta en la Administración.

La Junta Permanente ya elaboró un documento al respecto en que se consideraba al veterinario de explotación el profesional indicado para expedir este tipo de certificados por su conocimiento de la ganadería y la trazabilidad de sus productos, y se apuntaba la colaboración de las compañías aseguradoras en los contenciosos en que pudiera verse inmerso. En las próximas semanas, la Junta redactará un informe con objeto de indicar al Ministerio de Agricultura la posición de la profesión al respecto.